Desafío a la autoridad: 88 ejecutivos aseguran que sus firmas fueron falsificadas sin su consentimiento
En un estremecedor caso de fraude, 88 ejecutivos de diferentes empresas han denunciado que sus firmas fueron falsificadas en documentos oficiales sin su consentimiento. Esta situación ha generado un desafío a la autoridad, ya que los afectados aseguran que no tienen conocimiento de los documentos en cuestión y que sus firmas fueron utilizadas con fines ilícitos. La gravedad del caso ha llevado a las autoridades a iniciar una investigación exhaustiva para determinar quiénes son los responsables de esta acción y qué motivaciones los llevaron a cometer este delito. La noticia ha generado gran conmoción en el mundo empresarial y ha generado un debate sobre la seguridad y la integridad de los documentos oficiales.
Escándalo en la Federación Catalana de Fútbol: ejecutivos aseguran que sus firmas fueron falsificadas
La jueza Isabel Calahorra García, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, investiga el fraude electoral en las votaciones a la presidencia de la Federació Catalana de Futbol (FCF) del pasado 13 de febrero de 2023. En el marco de las diligencias previas 78/2024, la jueza ya tiene sobre su mesa la declaración de 88 presidentes y secretarios de clubes que afirman que les falsificó su firma en las actas notariales que Soteras Vigo y Víctor Güell otorgaron en la notaría de Sabadell Simón-Navarro.
En su Auto del 11 de julio, la jueza afirma que “los hechos que resultan indiciariamente acreditados (…) se derivan (además de las 16 declaraciones iniciales y demás documental), de las declaraciones policiales de 72 nuevos perjudicados (…), cuya firma se habría presuntamente falsificado”, lo que a su juicio “podría ser indiciariamente constitutivo (…) de un delito continuado de falsedad en documento privado del art. 395 del Código Penal (en adelante CP), un delito continuado de falsedad en documento público del art. 392 del CP y un delito de administración desleal del art. 252 del CP”.
Además, la instructora sostiene que “los indicios existentes sobre la participación de cada uno de los investigados en los hechos (…) son los siguientes:
- Joan Soteras y Víctor Güell: comparecieron en la notaría (…) y elevaron a público 213 certificados de acuerdos sociales (…) que contenían firmas falsas, como consta en las declaraciones de nuevos perjudicados, que niegan haber realizado esas firmas, y niegan haber prestado el consentimiento.
- José Miguel Calle: habría dado órdenes y coordinó al resto de investigados sobre cómo actuar para tener el control de las votaciones, al margen de la Junta Electoral, y sobre cómo elaborar las actas y acuerdos presuntamente falsificados.
- Álvaro Montoliu: habría pagado 30.000 euros a la notaría por dicha gestión, lo cual habría sido repercutido indirectamente con fondos de la FCF, perjudicando así el patrimonio de esta entidad privada de utilidad pública sin ánimo de lucro, la cual recibe subvenciones públicas.
El resto de investigados (Alejandro “Bomba” Guerrero, Sergi Garrido, Alberto Prieto, Jesús Manchado Lozano y Jesús Manchado Villena, todos ellos trabajadores de la FCF) habrían participado indiciariamente en la falsificación de las firmas y en otras tareas de preparación de la documentación, según hace constar en el Auto la magistrada.
La investigación sigue en curso, y se espera que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad de los implicados en este escándalo que sacude la Federación Catalana de Fútbol.
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