En los últimos tiempos, el futbolista brasileño Vinicius ha sido víctima de insultos racistas en las redes sociales, lo que ha generado un gran debate en el mundo del fútbol y la sociedad en general. La cuestión que surge es ¿quién debe asumir la responsabilidad de castigar a los responsables de estos delitos de odio? ¿Son las plataformas de redes sociales, como Twitter o Instagram, las que deben tomar medidas más drásticas para evitar la propagación de este tipo de contenido? ¿O es la justicia penal la que debe intervenir para castigar a los culpables? La respuesta no es fácil, pero es hora de reflexionar sobre la importancia de combatir el racismo en todas sus formas.
Ayer por la tarde, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte tomó una decisión histórica en su reunión semanal. Se aprobó una propuesta de resolución que establece un precedente en la lucha contra el racismo en las redes sociales.
La propuesta sanciona a un aficionado por sus ataques racistas en redes sociales contra el jugador Vinicius. Según el texto, se propone una sanción muy grave de 60.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de dos años. El aficionado identificado es autor de la difusión reiterada de numerosos insultos de carácter racista e imágenes del mismo cariz contra el jugador Vinicius José de Oliveira do Nascimento (Vinicius Jr.) a través de su perfil en la red social X.
Además, se acordó remitir los hechos a la Fiscalía para determinar si los mismos son constitutivos de un delito de odio.
Es importante destacar que la Comisión carece de capacidad sancionadora, por lo que esta propuesta debe ser ejecutada por la Secretaría de Estado de Seguridad, según establece la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. La Secretaría de Estado de Seguridad es responsable de ejecutar esta sanción, dada la magnitud de la misma.
Según la ley, la Secretaría de Estado de Seguridad tiene competencia para imponer multas que van desde 60.000,01 euros hasta 180.000 euros. Si la multa supera este monto, la competencia pasa al Ministerio del Interior, que puede imponer multas de hasta 360.000 euros. En casos extremos, la competencia puede llegar al Consejo de Ministros, que puede imponer multas de hasta 650.000 euros.
Esta decisión es un paso importante en la lucha contra el racismo en las redes sociales y establece un precedente para futuras sanciones. Es fundamental que se tomen medidas efectivas para combatir este tipo de comportamientos y proteger a las víctimas de la discriminación.
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